14 asambleístas respaldan proyecto para reabrir universidades cerradas
Nueve años después de que 14 universidades y escuelas politécnicas fueran cerradas por falta de calidad académica, en la Asamblea se presentó el proyecto de Ley Orgánica de rehabilitación y reapertura de estas instituciones.
La propuesta todavía no es calificada a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). El asambleísta socialcristiano Luis Almeida entregó este proyecto por las ventanillas del Parlamento el 12 de agosto pasado.
El texto cuenta con las firmas de respaldo de otros 13 asambleístas como Marjorie Chávez y Nathalie Viteri, del PSC, Mario Ruiz y Joel Abad, de Pachakutik; Xavier Santos y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática; Guido Chiriboga, de Creo; y los independientes Daniel Noboa, Marco Troya y Elías Jachero.
La propuesta se compone de siete artículos, dos disposiciones derogatorias, una transitoria y una final.
El artículo 7 apunta a la devolución de los bienes a estas universidades en un plazo no mayor a 120 días, desde la vigencia de la norma, y que “en el caso que algunos bienes inmuebles no estuvieren disponibles para su devolución, se entregará un valor equivalente conforme un reglamento que se expedirá para el efecto”.
Además, en su disposición transitoria, señala que “por esta única ocasión, las transferencias de dominio o reintegro de bienes inmuebles que deban realizar instituciones, personas o el “fideicomiso Mandato 14-más calidad” a las instituciones de educación superior a institucionalizarse referidas anteriormente, quedan exonerados del pago de impuestos relacionados con dichas transferencias de dominio”.
La propuesta es calificada de “demagógica” por el expresidente Rafael Correa y sus asambleístas. De hecho, solo la bancada de UNES no dio las firmas de respaldo a este proyecto.
Almeida, en el proyecto, aduce que “el control de la calidad educativa no puede ser entonces un pretexto para reducir la oferta académica pues ello no concuerda con los estándares de la UNESCO, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador en materia de educación superior”.
“Es necesario que el estado garantice la permanencia de los centros de educación superior otorgándoles la posibilidad de acogerse a programas de mejoramiento de la calidad o de rehabilitación que permitan cumplir con los estándares impuestos a nivel nacional e internacional”, puntualiza.
Fuente: El Comercio
